El gobierno de Chile está tomando medidas para revocar las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social que han sido condenadas o que tienen antecedentes por delitos graves. Esta acción se produce después de que se revelara que un total de 69 personas beneficiadas tienen este tipo de antecedentes, no solo 41 como se había informado inicialmente.
Decisión del Presidente Boric
El Presidente Gabriel Boric ha confirmado su intención de utilizar una facultad administrativa para revocar las pensiones en casos en los que se identifiquen beneficiarios con antecedentes penales por delitos graves como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico. Esta decisión ha generado debate y preocupaciones sobre posibles acciones judiciales.
Boric ha destacado la importancia de revisar cada caso de manera cuidadosa y estudiarlo detenidamente antes de tomar una decisión. Ha instruido a sus equipos y ministros para que realicen esta revisión durante este período y espera que se pueda resolver pronto para avanzar en este asunto.
La revocación de las pensiones de gracia es un tema sensible y complejo que requiere un enfoque individualizado y una consideración adecuada de las circunstancias de cada beneficiario. El gobierno está trabajando en este proceso con la intención de aplicar la medida de manera justa y equitativa.
