El 11 de agosto entró en vigor la actualización de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (N.º 20.720), que introduce cambios significativos en los procedimientos concursales. La normativa, que modifica y moderniza los procesos de reorganización y liquidación de empresas y personas, beneficia especialmente a personas naturales con boletas de honorarios y a pequeñas empresas con problemas de solvencia.
El Procedimiento de Renegociación, parte fundamental de esta ley, ofrece un proceso administrativo de 3 meses en promedio, sin necesidad de contratar un abogado, en el que se llevan a cabo audiencias donde deudor, acreedores y un facilitador buscan acuerdos de pago sin involucrar a un tribunal. Esta reforma se espera tenga un impacto positivo en la resolución de sobreendeudamiento y problemas financieros.
