La omisión de 106 trabajadores de la educación en la lista de traspasados al servicio local de educación pública ha generado un amplio debate, y la concejala Alicia Stipicic expresó su preocupación al respecto durante este lunes. La semana pasada, desde el SLEP aseguraron que los casos serían revisados, y actualmente se aguarda la respuesta sobre los motivos de la exclusión emitida por la dirección de educación pública.
Stipicic hizo un llamado a la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, solicitando una explicación clara sobre sus recientes declaraciones en Punta Arenas, donde mencionó que siempre hay ajustes menores en los meses de enero y febrero en los establecimientos educacionales. La concejala considera fundamental conocer los posibles ajustes, ya que existe la preocupación de que pueda haber una forma encubierta de prescindir de profesionales de la educación, especialmente los 106 no traspasados vinculados al área y los 56 docentes excluidos del decreto de transición de los SLEP.
En su declaración, Stipicic enfatizó la importancia de actuar con transparencia para evitar la incertidumbre que afecta a los trabajadores, alumnos y apoderados. Además, planteó la preocupación por el futuro de los establecimientos rurales deficitarios y si podrían ser eliminados.
La concejala recibió información que confirma despidos de docentes en Punta Arenas que no serían traspasados al SLEP, y subrayó que la situación es compleja, ya que un grupo significativo de profesionales podría ser removido de sus cargos durante el período de vacaciones al no ser transferidos desde la Corporación Municipal de Educación al nuevo sistema de Servicios Locales de Educación Pública.
Stipicic indicó que tienen información verificada de al menos diez docentes titulares que fueron excluidos arbitrariamente del SLEP, lo que podría resultar en su desvinculación de sus áreas de trabajo. Incluso, se menciona que el propio seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, también podría haber quedado fuera de la nómina de traspaso al SLEP.
La concejala destacó la necesidad de que la Dirección de Educación Pública (DEP) se pronuncie sobre cada caso excluido y que se informen las razones del rechazo. En última instancia, enfatizó que más allá del número final de afectados, lo crucial es que haya claridad para todos los involucrados.
