La Corte de Apelaciones de Punta Arenas, acogió este lunes 23 de enero los recursos de protección deducidos por cinco docentes de la Universidad de Magallanes, y le dio la orden a la casa de estudios para proceder a la renovación de las contratas para el año lectivo 2024, en la misma calidad de la que gozaban.
La Primera Sala del tribunal de alzada estableció que la manera de proceder por parte de la universidad, fue arbitrario e ilegal, ya que decidió no renovar los contratos por medio de una comisión especial que vulneró el derecho a defensa y el debido proceso. Del mismo modo, se desestimó la extemporaneidad alegada, ya que se logró constatar que las acciones constitucionales fueron presentadas en el plazo legal de 30 días corridos.
“Que conforme lo razonado se aprecia que la ilegalidad constatada en el acto recurrido, se traduce en una infracción a la igualdad ante la ley, ya que se ha diferenciado sin justificación alguna al recurrente frente a otras personas(...) que en consecuencia, habiendo constatado la existencia de actuaciones ilegales y arbitrarias, vulneradora de derechos fundamentales del recurrente, corresponde otorgar la tutela”, detalla la resolución.
