La Corte de Punta Arenas rechazó ayer –viernes 5 de abril– el recurso de apelación deducido por la defensa en contra de la resolución que dejó en prisión preventiva a J.A.N.J., imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados y reiterados de violación impropia y promoción o facilitación de la explotación sexual de menores. Ilícitos perpetrados el año pasado, en la comuna.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Caroline Turner González, Juan Villa Martínez y el fiscal judicial Pablo Miño– confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, al compartir que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
El fallo destaca que la defensa ha sido contradictoria e inconsistente en sus argumentos durante la apelación, centrándose más en cuestionar los hechos y la investigación en lugar de abordar la solicitud de aplicar una medida cautelar alternativa al imputado. Esta falta de coherencia en las peticiones formuladas lleva al tribunal a deducir que no existe relación entre los argumentos presentados y la solicitud de cambio de medida cautelar.
Además, se señala que las alegaciones de la defensa no se refieren propiamente al debate de las medidas cautelares, sino que más bien abordan aspectos de fondo que deberán ser evaluados durante el juicio oral, cuando se presenten las pruebas pertinentes.
En consecuencia, los argumentos expuestos por la defensa no logran modificar los fundamentos de la resolución en alzada, los cuales son compartidos por la Corte. Considerando la naturaleza de los delitos, la pena asignada y la gravedad de la vulneración del bien jurídico, se concluye que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, se ratifica la medida cautelar de prisión preventiva, ya que no se observa que otras medidas menos restrictivas sean adecuadas para garantizar los fines del proceso y la seguridad de la sociedad y la víctima.
Según el ente persecutor, en fechas indeterminadas entre enero y marzo de 2023, el imputado tomó contacto con la víctima, una menor de 12 años de edad, que se encontraba en una residencia de protección, a través de redes sociales, como Grinder e Instagram, acordando en más de una oportunidad, en pleno conocimiento de su condición vulnerable y edad, reunirse para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero u otras formas de compensación.
En dicho contexto, la menor se escapaba de la residencia para juntarse con el imputado, quien procedía a violarla. Además, J.A.N.J., promovió y facilitó la explotación sexual de la niña por parte otros sujetos adultos que él conocía.
