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jueves, 23/05/24

Inyección de $1.133 millones provenientes del Royalty Minero impulsa desarrollo local en Magallanes

El Royalty Minero, un impuesto dirigido a las grandes empresas del sector, representa una de las mayores inyecciones de recursos nuevos al sistema municipal desde el retorno a la democracia.

La Región de Magallanes y la Antártica Chilena recibirá un total de $1.133.025.671 provenientes del Fondo Puente de Royalty Minero, en una medida destinada a fortalecer el desarrollo local y la equidad territorial. Este anuncio fue resaltado por el Delegado Presidencial, José Ruiz Pivcevic, quien destacó el impacto positivo que estos recursos tendrán en las comunas de la región.

Del monto asignado, el 100% corresponde al Fondo de Equidad Territorial, destinado a apoyar el progreso de nueve comunas de la región: Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine. Un dato relevante es que Laguna Blanca experimentará un incremento presupuestario del 8,01%, en comparación con sus ingresos propios, lo que evidencia el impacto directo de esta medida en el desarrollo local.

José Ruiz enfatizó que estos recursos no pueden ser utilizados para el pago de la deuda municipal, y cada municipalidad receptora estará obligada a informar transparentemente su uso a las autoridades correspondientes. Además, destacó que esta asignación representa un avance en descentralización y autonomía, ya que los municipios tendrán la libertad de disponer de los fondos según sus propias necesidades.

La creación de este fondo se originó en un acuerdo entre el gobierno del Presidente Boric y los parlamentarios, anticipando para 2024 el traspaso del 50% de los recursos que los municipios y gobiernos regionales recibirán en 2025. El proyecto de ley, presentado en 2018 por un grupo de parlamentarios de diversos sectores políticos, fue prioritario para el gobierno del Presidente Boric, logrando su despacho por el Congreso Nacional en mayo de 2023.

El Royalty Minero, dirigido a las grandes empresas del sector, representa una importante inyección de recursos nuevos al sistema municipal, beneficiando a más de 12 millones de personas en todo el país. Esta medida busca compensar las externalidades negativas de la actividad minera en los territorios y acortar las brechas presupuestarias entre las comunas del país.

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