No contar con el sistema de monitoreo de extracciones efectivas; realizar obras no autorizadas en cauces; extracciones de aguas no autorizadas; extracciones de áridos no autorizadas, y la realización de obras mayores fueron las principales razones por las que tanto personas jurídicas y naturales fueron las principales infracciones fiscalizadas y sancionadas por la Dirección General de Aguas (DGA) y sancionadas por su incumplimiento en 2023.
Así lo dio a conocer la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien destacó que el año pasado la DGA resolvió un 40% más de fiscalizaciones que el 2022 y aplicó 756 multas por un total de 8 mil 700 millones de pesos, monto que es un 64% más alto que el de 2022.
La secretaria de Estado agregó que “en un país donde cada vez la disponibilidad de agua es menor, donde estamos teniendo una situación hídrica cada vez más estrecha, tenemos que asegurarnos de que los recursos hídricos los gestionamos bien y evitar las infracciones a la ley como la extracción no autorizada, que se llama robo de agua(...)”.
En el balance, la ministra López detalló que de las fiscalizaciones realizadas, el 37% se iniciaron por denuncias de la ciudadanía, mientras que el 63% se hizo por antecedentes de la propia unidad de fiscalización de la DGA.
En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, informó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, que el equipo regional de la Dirección General de Aguas realizó 53 fiscalizaciones, duplicándose el número de fiscalizaciones resueltas y multas cursadas el año anterior.
