Un grupo de senadores de Renovación Nacional manifestó su molestia e incomodidad por el compromiso asumido por el partido, sin consulta previa a los parlamentarios, respecto a integrar la denominada Comisión para la Paz y el Entendimiento, convocada por el Presidente Gabriel Boric para resolver “el conflicto de larga data entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”, de acuerdo con las palabras del Mandatario.
A través de una minuta las senadoras Paulina Núñez y María José Gatica, junto a sus pares Alejandro Kusanovic y Juan Castro, señalaron que el objetivo de La Moneda es sacar el debate desde el Congreso, “que es donde corresponde”, para “meterlo al congelador desde las soluciones y por otro lado consolidar una lectura donde existe un supuesto enfrentamiento entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, cuestión no sólo completamente irreal sino que dañina para la convivencia de cientos de miles de personas”.
El senador Alejandro Kusanovic afirmó que “independiente de la responsabilidad de los participantes y de la validez que tiene negociar, es una pésima señal realizarlo en medio de un clima de violencia y terrorismo como esta ocurriendo en la zona. De esta manera se valida la violencia como forma de presión política y esto no puede ser por ningún motivo, no se puede estar negociando mientras la violencia continúa. Primero hay que poner orden, cumplir y hacer cumplir las leyes, y a partir de ahí uno puede negociar.”
El documento, de 5 puntos, se enfoca en la serie de compromisos incumplidos por parte del Gobierno en el tratamiento del terrorismo y la falta de respuestas a los afectados por la violencia en la Macrozona Sur. Además, lamenta que La Moneda busque perpetuar una narrativa en que “la violencia tiene que ver con la demanda de tierras, cuestión absolutamente irreal hoy. El problema es el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”.
A partir de este diagnóstico, los parlamentarios han manifestado que condicionarán su participación en instancias convocadas por el Gobierno en la materia a respuestas concretas en cuatro “compromisos incumplidos”: Invocar la Ley Antiterrorista cuando corresponda y proponer modificaciones legales a dicha ley para mejorar su aplicación y eficacia; Decretar Estado de Excepción en la región de Los Ríos, donde los atentados y actos de violencia han ido en aumento; Cumplir con el “fast track” Legislativo acordado entre el Congreso y el Ejecutivo en materias de seguridad; y decretar Estado de Excepción y/o operativizar presencia de las Fuerzas Armadas en Barrios Críticos en el norte del país.
