La Fiscalía de Punta Arenas presentó cargos contra dos imputados y solicitó orden de detención para un tercero por su presunta participación en un caso de defraudación de 2 mil millones de pesos relacionado con la construcción de viviendas para funcionarios del Ejército.
Dos años y dos meses después de la presentación de la querella criminal por estos delitos, la Fiscalía ha determinado que existen méritos para proceder con la formalización judicial. Los acusados son Jaime Patricio Alcarraz Ulloa, propietario de la constructora, José Miguel Matamala Pezo, inspector técnico del contrato, y Luis Vidal Bendix, ex presidente de la Agrupación de Viviendas Villa Pudeto.
"El tercero de los imputados, Jaime Alcarraz Ulloa, dueño de la constructora, no comparece ante las autoridades, por lo que se despacha orden de detención. Apenas tengamos noticias de su paradero, será formalizado", declaró Sebastián González, Fiscal Jefe de Punta Arenas.
El abandono físico y financiero de las obras de construcción ocurrió en enero de 2019. Una asesoría técnica contratada para analizar los contratos a suma alzada determinó que el avance real del contrato era del 62% del valor total, mientras que se había pagado un 89,08% del valor del contrato, lo que representaba un 27,08% de sobrepago, equivalente a $1.645.270.322.
La Agrupación de Vivienda Villa Pudeto fue constituida el 10 de junio de 2015 con la finalidad de ayudar a sus miembros, personal activo o en retiro del Ejército, a obtener vivienda propia. El contrato para la construcción de las viviendas se estableció en un monto fijo sin reajustes por un valor total de $6.056.777.565, IVA incluido.
Los acusados enfrentarán cargos por estafa, fraude de subvenciones, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, todos cometidos entre el 5 de octubre de 2017 y 9 de noviembre de 2018 en Punta Arenas.
