CPC Magallanes se une y muestra su apoyo a las diversas manifestaciones de descontento por la votación que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de mayo para establecer el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). En particular, rechazamos la indicación del artículo 158 de la Ley General de Pesca, que implicaría la eliminación de la salmonicultura en todas las reservas nacionales y forestales, lo que resultaría en la no renovación del 41% de las concesiones actuales y afectaría al 60% de la industria a nivel nacional.
Actualmente, nos encontramos frente a una crisis del conservacionismo extremo. En CPC Magallanes, nuestro objetivo es el bienestar económico y social de los habitantes de la región a través del crecimiento. Nuestra región está llena de oportunidades, pero nos enfrentamos a una crisis regional que está afectando nuestro bienestar y nuestro futuro debido a las ideas y regulaciones impuestas por personas ajenas a nuestro bienestar y que defienden un conservacionismo extremo, donde la conservación del medio ambiente prima por encima de la actividad humana en búsqueda de un equilibrio con la naturaleza.
Para ser más precisos, el 47% de las concesiones acuícolas de la región corren el riesgo de caducar con el tiempo. Tres empresas no podrán renovar el 100% de sus concesiones, lo que llevará al cierre de sus operaciones, mientras que otras verán afectadas entre un 30% y un 70% de sus operaciones, poniendo en grave riesgo su continuidad. Además, el 90% de las concesiones en áreas protegidas fueron otorgadas antes de la creación de la Reserva Nacional Kawésqar.
Sin duda, la pandemia nos ha permitido como comunidad magallánica darnos cuenta de que la actividad salmonera, pesquera y ganadera nos ha permitido subsistir. Al igual que solicitamos a la industria salmonera que avance en buenas prácticas, exigimos a las personas externas a nuestra región que nos respeten como comunidad regional y no nos impongan visiones que no son nuestras y que nos afectarán.
Ante todo, somos magallánicos y tenemos derecho a tomar decisiones que afecten nuestro territorio y bienestar. Solicitamos a nuestros representantes que se opongan a iniciativas medioambientales extremas que nos amenazan y que avancemos hacia un desarrollo sostenible analizado desde nuestra región, donde vivimos las consecuencias de decisiones extremas, como fue el caso de la industria del carbón.
