La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes ha expresado su rotundo rechazo a la realización del evento deportivo de ciclismo "Gravel del Fuego I", que tuvo lugar el pasado sábado 13 de abril en los caminos interiores del Parque Nacional Torres del Paine, sin contar con la autorización correspondiente de la Administración de la unidad y de la dirección regional de la institución.
Según lo establecido en la normativa vigente, la solicitud de autorización para actividades deportivas dentro de las áreas Silvestres Protegidas debe realizarse dentro del plazo establecido, lo cual no ocurrió en este caso. Esta falta de solicitud dentro del tiempo estipulado impidió la planificación adecuada con el equipo de CONAF y la coordinación con otras instituciones y servicios pertinentes, como Carabineros, la seremi de transportes y telecomunicaciones, gremios del turismo y transportistas, entre otros, para garantizar la logística necesaria para la realización de la competencia.
A pesar de las advertencias y llamados de atención por parte del personal guardaparques y de la Administración del Parque, los organizadores del evento decidieron llevarlo a cabo ignorando la respuesta negativa de CONAF a su solicitud de autorización. Además, se constató el uso indebido de instalaciones de estacionamiento destinadas exclusivamente a los visitantes del Parque, generando molestias y alterando el horario de atención de la unidad.
Es importante destacar que el Parque Nacional Torres del Paine recibe una alta afluencia turística, con más de 1000 personas al día, lo que implica un intenso tránsito de vehículos que afecta permanentemente el estado de los caminos. Además, la zona de Laguna Amarga, donde se desarrolló parte del evento, es hábitat del puma, lo que podría representar un riesgo para esta especie protegida y para los participantes del evento.
CONAF recuerda que existe un límite máximo de eventos autorizados por año en el Parque Nacional Torres del Paine, y que la solicitud para este evento excedió dicho límite. Esta medida busca minimizar la alteración de los ciclos vitales de las especies protegidas y evitar conflictos con la actividad turística.
Las acciones realizadas durante este evento serán sancionadas una vez que entre en operación el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), creado mediante la ley 21.600 promulgada en septiembre de 2023. Dichas conductas podrían acarrear multas de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales.
