Un grupo de diputadas presentó un proyecto de ley con el objetivo de reformar ciertos artículos del Código Penal para impedir que las personas imputadas o condenadas por delitos sexuales contra menores de 18 años sean liberadas bajo fianza mientras se lleva a cabo el proceso judicial.
Justificación del Proyecto
Este proyecto de ley surge en respuesta a casos como el de Eduardo Macaya, padre del actual presidente de la UDI, quien fue beneficiado con arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva después de pagar una fianza de $150 millones. Las diputadas argumentan que en delitos sexuales contra menores, la prisión preventiva no debería poder ser reemplazada por una caución, independientemente del monto.
El proyecto también establece que siempre se presumirá que existe peligro para la víctima cuando se trate de delitos sexuales contra menores de 18 años. Esta medida busca garantizar la protección de los menores y evitar que los acusados queden en libertad mientras se resuelve su situación legal.
Desigualdad en el Sistema de Justicia
Las diputadas argumentan que en muchos casos los jueces optan por dejar en libertad a los acusados de delitos sexuales, lo que refleja una percepción de desigualdad en el sistema de justicia, donde parece haber una distinción entre justicia para los pobres y justicia para los ricos.
El proyecto fue firmado por un grupo transversal de diputadas, incluyendo a Marcela Riquelme (Ind-FA), Mercedes Bulnes (Ind-FA), Erika Olivera (Demócratas), Marisela Santibáñez (PC), Camila Musante (Ind-PPD), Consuelo Veloso (Ind.) y Rubén Oyarzo (PDG).
