La Municipalidad de Punta Arenas mantiene desde hace años varios de sus principales cargos directivos en manos de funcionarios que ejercen en calidad de interinos o subrogantes, sin que hasta ahora se hayan realizado concursos ni nombramientos oficiales. Se trata de funcionarios de planta que, pese a su condición contractual permanente, ocupan cargos de alta responsabilidad sin haber sido designados oficialmente para tales funciones. Áreas clave como la Administración Municipal, Desarrollo Comunitario (Dideco), Gestión de Riesgos y Asesoría Jurídica se encuentran bajo esta condición, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y estabilidad de la administración comunal.
A pesar de los altos sueldos que reciben quienes ocupan estas funciones —con remuneraciones mensuales que superan los 6 millones de pesos—, no existe un calendario ni intenciones de regularizar estos puestos.
Así lo reconoció el alcalde Claudio Radonich, quien ante la consulta confirmó que no tiene intención de avanzar hacia designaciones oficiales, ya que “tendrían que renunciar a la planta” —es decir, a su calidad de funcionarios titulares con estabilidad laboral dentro del municipio—, porque “la ley les impide que asuman cargos directivos en propiedad”.
Entre los cargos actualmente en condición de interinato se encuentran:
• Administrador Municipal (S): Hernán Altamirano, $6.135.892 más una bonificación de $1.017.774. Total: $7.153.666 (marzo)
• Asesoría Jurídica (S): Claudia Casas, $6.173.176 más bonificación de $898.302. Total: $7.071.478 (marzo)
• Dideco (S): Jessica Castillo, $5.705.179 más bonificación de $898.302. Total: $6.603.481 (marzo)
• Gestión de Riesgos (S): Sonia Vargas, $5.419.539 más bonificación de $786.791 y horas extras por $312.812. Total: $6.206.330 (marzo)
Estos montos, registrados en la plataforma de Transparencia, han reforzado las críticas desde el Concejo Municipal. Algunos ediles han planteado su preocupación por la falta de profesionalización en cargos que deberían regirse bajo la Ley Nº18.695 de orgánica Constitucional de Municipalidades, o al menos, mediante concursos regulados por la Ley N°18.883.
El concejal Dalivor Eterovic señaló que “la suplencia y el interinato debieran ser figuras excepcionales, pero hoy se han transformado en algo permanente”. Su par, José Becerra, fue más allá: “Es importante y necesario que se nombren oficialmente a quienes ocupan estos cargos, como ocurre en todos los municipios del país”. Becerra además adelantó que están preparando una consulta a la Contraloría sobre la legalidad de mantener sin nombramientos formales estos cargos de confianza.
El último administrador municipal oficial fue Luis Antonio González, quien trabajó hasta el 31 de marzo de 2023. En Dideco, la última directora titular fue Elena Blackwood, quien dejó el cargo en octubre de 2022 para asumir como secretaria general de la Cormupa. En tanto, el cargo de director jurídico no cuenta con un nombramiento formal desde diciembre de 2016, cuando Rodrigo Henríquez Narváez dejó el puesto. En el Departamento de Emergencia y Operaciones, Sergio Becerra fue el último jefe oficial hasta marzo de 2021.
Aunque no existe obligación legal de llamar a concurso para estos cargos, la práctica prolongada de subrogancia se aleja del espíritu de la normativa que busca profesionalizar el servicio público. Hoy, sin un plan concreto ni explicaciones claras por parte del municipio, los cargos continúan vacantes oficialmente, en una situación que ya se extiende por más de seis años en algunos casos.
