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lunes, 16/06/25

Diputado Bianchi busca eximir el pago de contribuciones a adultos mayores vulnerables

El diputado Carlos Bianchi enfatizó el impacto social de la medida.

Este martes, el diputado magallánico Carlos Bianchi, junto a un grupo transversal de parlamentarios, presentó una reforma constitucional que busca eximir del pago del impuesto territorial (contribuciones) a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

La iniciativa modifica el artículo 19 N°20 de la Constitución Política de la República, incorporando una disposición que permitirá a la ley eximir del pago del impuesto territorial a las personas mayores de 65 años, propietarias de una única vivienda, siempre que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares o perciban pensiones solidarias.

El diputado Carlos Bianchi enfatizó el impacto social de la medida, señalando que: “La pregunta que nos hemos hecho es: ¿vamos a defender a los municipios o a las personas, especialmente a los adultos mayores? Esta medida no afecta profundamente las arcas municipales, pero sí beneficia directamente a un millón de adultos mayores endeudados por contribuciones”.

El parlamentario advirtió además sobre posibles irregularidades en el cobro de estas deudas: “En la Comisión de Hacienda citamos al director del Servicio de Impuestos Internos, porque creemos que muchos cobros podrían ser indebidos. En dos semanas, el director vendrá a dar explicaciones, ya que vemos prácticas abusivas especialmente hacia los adultos mayores”.

La propuesta también incluye una disposición transitoria que establecerá condiciones claras para que los adultos mayores puedan acceder al beneficio mientras se tramita la ley que regule la exención. Con ello, se espera aliviar la carga económica de más de un millón de personas mayores en el país, muchas de las cuales enfrentan el riesgo de remate de sus viviendas por deudas impagas.

La iniciativa fue presentada con el respaldo de la diputada Carolina Musante, quien lidera el proyecto, y pretende transformarse en una política de Estado de protección a los adultos mayores de clase media, muchos de los cuales se jubilaron con pensiones apenas superiores a los $700 mil y hoy enfrentan una situación crítica frente a las contribuciones.

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