A tres años de la promulgación del Estatuto Antártico, aún persiste la falta de avances en la creación de reglamentos esenciales para su ejecución. A pesar de seis años de discusiones, los reglamentos que establecerían el marco legal en el Territorio Antártico Chileno, en línea con el Tratado Antártico de 1959, no han sido implementados dentro del plazo de dos años estipulado. Entre los reglamentos pendientes se encuentran aspectos cruciales como evaluación ambiental, comités nacionales antárticos, y regulación de actividades turísticas y pesqueras.
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La política antártica del gobierno chileno parece más orientada hacia la imagen pública que hacia el cumplimiento de sus obligaciones históricas y la formulación de una estrategia a largo plazo. Esto se refleja en la falta de regulación adecuada para actividades económicas en la región, como el turismo y la pesca. El aumento excesivo del turismo ha generado inquietudes por su impacto ambiental, mientras que la industria pesquera chilena enfrenta dificultades y falta de apoyo en la regulación de la pesca de bacalao y krill.
Esta negligencia en la implementación del Estatuto Antártico se suma a la omisión de la Provincia Antártica en el borrador del nuevo texto constitucional, planteando dudas sobre el compromiso real del gobierno con la región y la preservación de su entorno. Es esencial que el gobierno actúe con rapidez para abordar estas preocupaciones y establecer una política antártica sólida y estratégica.
