Las declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respecto al tránsito de camioneros chilenos por territorio argentino, continúan generando repercusiones en el sur del continente. En su paso por Punta Arenas, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se refirió al tema, manifestando su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en el resto de las provincias.
El gobernador Torres inicialmente propuso cobrar una tasa a los transportistas chilenos por el uso de las rutas argentinas. Posteriormente, moderó su postura planteando la posibilidad de aplicar multas por sobrepeso. Ambas declaraciones fueron ampliamente cuestionadas por autoridades y representantes del sector del transporte, quienes consideraron que las medidas vulneran tratados binacionales vigentes entre Chile y Argentina.
Consultado al respecto, Grasso expresó que decisiones unilaterales como las planteadas por Torres pueden generar efectos negativos en otras jurisdicciones. “Lo que sucede con la decisión que tomó el gobernador de Chubut es que habilita a que, en cada uno de los pasos, cada pueblo o ciudad tenga la misma posibilidad de cobrar. Eso viola tratados firmados por las cancillerías de ambos países, que ya establecen normas claras sobre el uso de rutas internacionales”, explicó el intendente.
Grasso recalcó la importancia de respetar los acuerdos nacionales, y advirtió sobre las consecuencias de permitir que cada provincia tome decisiones autónomas en materia de tránsito internacional. “Nosotros tenemos un país federal, y lo que decide la Nación es lo que debemos acompañar. Si cada provincia comienza a establecer sus propias reglas sobre este tema, se genera una distorsión que termina afectando a toda la cadena logística y comercial”, indicó.
En cuanto a la relación entre Río Gallegos y Punta Arenas, el jefe comunal descartó que este episodio altere los vínculos con la capital regional de Magallanes. “Nosotros hemos avanzado muchísimo en integración. Entendemos que este tipo de decisiones generan roces, pero deben resolverse dentro de los ámbitos correspondientes. No solo hablamos del tránsito de camiones chilenos, sino también de los que vienen desde Tierra del Fuego. Si cada provincia comienza a cobrar un peaje o impuesto, se genera una carga tributaria que finalmente paga el consumidor”, sostuvo.
Cabe recordar que, tras sus declaraciones, el gobernador Torres fue criticado por desconocer los tratados internacionales vigentes que regulan el tránsito de vehículos de carga entre Chile y Argentina, acuerdos que permiten la circulación por rutas como la Nacional 3 y la Ruta 40, claves para el transporte en la Patagonia.
Grasso hizo un llamado a mantener una convivencia armónica y regulada por la diplomacia, para evitar medidas unilaterales que pongan en riesgo los lazos económicos y sociales entre regiones hermanas del sur de ambos países.
