El senador Karim Bianchi ha presentado la innovadora "Ley del Loly", diseñada para eliminar las respuestas burocráticas habituales de entidades estatales y de rol eminentemente público. Esta ley busca asegurar que dichas entidades atiendan y respondan a los usuarios dentro de los plazos establecidos por la ley, mejorando así la eficiencia y la calidad del servicio público.
"La Ley del Loly busca proporcionar a la ciudadanía una herramienta para exigir el correcto funcionamiento de entidades públicas y eminentemente públicas, como el Conservador de Bienes Raíces, garantizando que respondan a los usuarios dentro de los plazos establecidos. Esto es debido a las múltiples dificultades que enfrentan los ciudadanos diariamente debido a la demora en la gestión de sus asuntos en instituciones como el Compin al tramitar licencias médicas", explicó el senador Bianchi.
El senador destacó los mayores retrasos que ocurren en lugares como el Compin, donde se necesitan respuestas rápidas para temas que afectan a personas con problemas de salud. También mencionó las demoras en las seremías al presentar denuncias o reclamaciones, y al solicitar permisos. "Queremos poner fin a esto y permitir que las personas exijan su derecho a recibir respuestas", añadió.
Bianchi señaló que la situación es crítica en las superintendencias cuando se denuncian prácticas inadecuadas y no se obtienen respuestas, dejando a las personas en situación de vulnerabilidad. También mencionó los problemas en el Registro Civil con todos los trámites, incluidos los delicados como las posesiones efectivas y sus modificaciones, que también afectan al Conservador de Bienes Raíces. "Basta de burocracia administrativa", declaró el parlamentario.
"Queremos que las instituciones dejen de actuar a su antojo, con sus propias normas burocráticas, porque ya no queremos que los ciudadanos sigan siendo relegados, siendo ellos quienes financian todos los salarios y trabajos de estas entidades, que a menudo carecen de empatía hacia los trabajadores", concluyó Bianchi.
La implementación de esta ley implicaría que las entidades públicas y eminentemente públicas deban responder dentro de los plazos legales a las solicitudes de los ciudadanos, reduciendo así los tiempos de espera y mejorando la calidad del servicio. Esta ley podría transformar la manera en que los ciudadanos interactúan con las instituciones públicas, asegurando mayor eficiencia y transparencia.
