Esta semana, el Congreso aprobó la Ley de Fraccionamiento Pesquero, que define cómo se repartirán las cuotas de captura en 23 pesquerías del país entre los sectores artesanal e industrial. La medida representa un cambio relevante para el sector, ya que implicará una reducción en los recursos a los que podrán acceder las grandes empresas del rubro.
En la Región de Magallanes, el proceso legislativo fue acompañado por un trabajo con pescadores y actores del sector en Puerto Edén, Puerto Natales, Puerto Williams y Punta Arenas, con el fin de levantar información local y analizar cómo podría impactar esta redistribución en el territorio.
Se trata de un cálculo aproximado de la situación de las compañías pesqueras en 2025 y de cómo se verá modificada una vez que la nueva normativa comience a regir, lo que está previsto para el próximo año.
La ley busca establecer criterios más equilibrados y reconocer el rol de la pesca artesanal como parte esencial de las economías locales y del patrimonio productivo de las zonas costeras del país.
