Un profesor de química de origen uruguayo, residente permanente en Chile, ha interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. El docente, cuyo título está reconocido y registrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, argumenta que ha sido víctima de discriminación por parte del Servicio Local de Educación Pública (Slep) de Magallanes debido a su nacionalidad, lo que le ha impedido acceder a oportunidades laborales en la región.
En su escrito, el profesor detalla el calvario que ha vivido en su búsqueda de empleo en la región. A pesar de cumplir con todos los requisitos legales y administrativos, su condición de extranjero parece ser un obstáculo insalvable. Ha postulado a varios cargos de docencia en distintos establecimientos de la región, incluyendo el Liceo Luis Alberto Barrera, Liceo Sara Braun, Liceo Juan Bautista Contarti y el Liceo Politécnico Raúl Silva, sin éxito.
El profesor señala que, en reiteradas ocasiones, ha sido llamado a entrevistas y se le ha solicitado presentar documentación adicional, lo que le ha implicado gastos considerables en copias notariales y transporte. Sin embargo, el resultado siempre es el mismo: la negativa no se basa en su capacidad profesional ni en su idoneidad para el cargo, sino en una discriminación arbitraria e ilegal.
Uno de los episodios más frustrantes ocurrió en el Liceo Luis Alberto Barrera, donde fue entrevistado por el director del establecimiento, Víctor Mansilla Vera. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos y haber informado que su postulación estaba en curso, el cargo fue otorgado a una ingeniera química que, según el reclamante, no cumplía con el título docente requerido para el puesto.
La acción judicial se fundamenta en la violación de varios derechos constitucionales. En primer lugar, el derecho a la integridad física y psíquica, ya que la constante discriminación ha afectado significativamente su bienestar emocional y psicológico. En segundo lugar, el derecho a la igualdad ante la ley, dado que ha sido tratado de manera desigual y arbitraria en comparación con otros postulantes chilenos. Por último, el derecho a la honra, puesto que la discriminación ha afectado su reputación y dignidad como profesional.
El profesor solicita a la Corte de Apelaciones que se adopten varias medidas para restablecer el imperio del derecho, entre ellas:
- El cese de los actos discriminatorios por parte del Slep Magallanes.
- La realización de un concurso público para cubrir las vacantes de docentes de química en la región.
- La confección de una lista de prelación obligatoria para todos los docentes de química.
- La invalidación de la contratación de la ingeniera química, otorgándole el puesto al demandante o, en su defecto, la apertura de un concurso público abierto para todos los docentes de química en la región.
