Un complejo escenario enfrenta la Municipalidad de Punta Arenas tras el fallo de la Corte Suprema, que ordena la devolución de más de 3.500 millones de pesos a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Estado de Chile.
El origen de esta deuda se remonta a la firma de un convenio colectivo entre el alcalde Claudio Radonich y los asistentes de la educación, previo al traspaso de la educación municipal al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).
El Seremi de Hacienda, Andro Mimica, se refirió a la situación, señalando que el municipio actuó de manera irregular al comprometer fondos que no pertenecían a sus arcas: "Cuando firmó estos convenios colectivos, la administración municipal de Punta Arenas estaba haciendo un acto irregular, comprometiendo recursos de una administración distinta, en este caso, del SLEP. Este convenio sigue vigente, pero quien debe pagarlo es quien lo firmó, es decir, el municipio de Punta Arenas, liderado por su alcalde Claudio Radonich."
Además, Mimica enfatizó que un tercio del déficit en la educación a nivel nacional corresponde a la región de Magallanes, debido a este tipo de convenios colectivos.
Hasta el momento, la Municipalidad de Punta Arenas no se ha pronunciado sobre cómo enfrentará esta millonaria devolución de recursos.
La incertidumbre aumenta, ya que los asistentes de la educación siguen recibiendo sus sueldos íntegros, mientras que los profesores han anunciado movilizaciones si no hay avances en sus demandas salariales.
Este descuento al Fondo Municipal podría afectar el funcionamiento de servicios esenciales en la comuna, sumando otro desafío financiero para la administración local.
