La semana pasada, la Comisión Especial Investigadora Procultura de la Cámara de Diputados presentó su informe final, en el cual se detallan diversas irregularidades administrativas detectadas por auditorías y fiscalizaciones de la Contraloría General de la República.
Según el documento, se identificaron debilidades significativas en los controles asociados a la entrega y rendición de recursos públicos, mencionando la posible responsabilidad política de varios gobernadores regionales, entre ellos el de Magallanes, Jorge Flies.
El informe no formula acusaciones directas contra las autoridades, pero sí señala que el Ministerio Público lleva adelante investigaciones por presuntos delitos relacionados con estos hechos, lo que podría derivar en formalizaciones esta misma semana.
El documento detalla que la Fundación Procultura recibió aproximadamente 6 mil millones de pesos en financiamiento público, provenientes de organismos como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, diversos Gobiernos Regionales y municipalidades, distribuidos en al menos siete regiones del país.
Consultado al respecto, el Gobernador Flies sostuvo que esperará el desarrollo de las investigaciones y enfatizó que su administración ha seguido los procedimientos establecidos para la asignación de recursos. Sin embargo, aún no ha entregado un pronunciamiento oficial sobre el contenido del informe ni sobre la posibilidad de enfrentar una formalización judicial.
Ante este escenario, se espera que en los próximos días el Ministerio Público entregue más detalles sobre el avance de la investigación y eventuales responsabilidades penales, lo que podría marcar un nuevo capítulo en el caso Procultura y su impacto en la administración pública regional.
