A un año de la presentación del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, destacó el firme compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric con la búsqueda, recuperación e identificación de víctimas de desaparición forzada.
Este compromiso fue reafirmado durante una ceremonia conmemorativa del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en la que participaron el Presidente de la República, el Ministro de Justicia, la Subsecretaria de Derechos Humanos y agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
En su intervención, la Seremi Peutat subrayó la importancia de reflexionar en fechas como esta, recordando el dolor y sufrimiento causados por la política estatal de exterminio en Chile. "El gobierno del presidente Boric ha asumido el compromiso de avanzar en verdad y justicia, no solo con los familiares, sino con el país entero. Este compromiso es crucial para garantizar que episodios tan infames no se repitan", afirmó.
El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, según la Seremi, es una política pública permanente que busca recuperar y reconstruir las trayectorias de vida de más de 1.200 compatriotas que aún permanecen desaparecidos desde la dictadura. A partir de las próximas semanas, los ciudadanos podrán acceder a la página web del Plan Nacional de Búsqueda, donde se publicará una primera nómina oficial de las víctimas de desaparición forzada.
Además, a partir del último cuatrimestre del año, se entregarán a los familiares de las víctimas las carpetas de sus casos, que están contenidas en los archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
Finalmente, la Seremi destacó el anuncio del Presidente de la República de presentar antes del 11 de septiembre indicaciones al proyecto de ley que tipifica el delito de desaparición forzada y lo incorpora al Código Penal. Asimismo, se presentarán indicaciones para levantar el secreto impuesto por ley a los documentos, testimonios y antecedentes del Informe sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), permitiendo su acceso por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda, con el objetivo de reforzar las capacidades del Estado en la materia.
