La región de Magallanes enfrenta una creciente crisis de explotación sexual infantil (ESCI), una problemática que ha revelado alarmantes cifras y casos estremecedores en lo que va del año. Desde abril, se han recibido nueve denuncias relacionadas con este delito, lo que convierte a la región en una de las más afectadas en Chile. Este preocupante panorama ha sido denunciado por diversas autoridades, como el senador Karim Bianchi, quien ha alertado sobre la ocurrencia de "parcelazos" y "motelazos" en recintos privados y aislados, donde se abusa sexualmente de menores, incluyendo aquellos bajo la tutela del Estado.
La situación es particularmente grave en las residencias del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, también conocido como "Mejor Niñez". El Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto, indicó que actualmente hay 44 causas vigentes que involucran a niñas institucionalizadas, con 11 víctimas identificadas y seis imputados formalizados que están en prisión preventiva. Estos casos reflejan un escenario desgarrador en el que niñas bajo protección estatal son contactadas por adultos a través de redes sociales y manipuladas para encuentros sexuales.
Uno de los casos más resonantes ocurrió en febrero de este año, cuando la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones detuvo a dos trabajadores de una empresa constructora en Punta Arenas. Estos sujetos aprovecharon su acceso a dos niñas de 13 años, quienes estaban bajo custodia en hogares protegidos, para drogarlas y llevarlas a un motel, donde cometieron abusos sexuales. Ambos fueron formalizados y enviados a la cárcel.
En junio, otro caso conmocionó a la comunidad cuando un hombre de nacionalidad extranjera fue acusado de violación y abuso sexual contra menores en Punta Arenas. El imputado ofrecía dinero y drogas a la víctima para mantener encuentros sexuales. Aunque inicialmente se decretó arresto domiciliario, la Fiscalía apeló y se logró cambiar la medida cautelar a prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Estos casos no son nuevos en Magallanes. En 2018, un evento conocido como "Parcelazo Masivo 2.0", celebrado en el sector Llau Llau, terminó en caos con un joven apuñalado y una adolescente intoxicada por alcohol. El evento, que había atraído a numerosos jóvenes, puso en evidencia la falta de control y seguridad en este tipo de actividades clandestinas, que muchas veces terminan en tragedia.
El fiscal Crisosto subrayó que, aunque ha habido un aumento en la cantidad de denuncias por delitos sexuales, la respuesta de las autoridades ha mejorado tras la implementación de un plan de persecución penal basado en un diagnóstico intersectorial. Este enfoque busca centralizar las investigaciones para ofrecer una mejor protección a las víctimas y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.
Sin embargo, Crisosto enfatizó que "esto no se acaba con la condena del violador". Las niñas y niños afectados por estos delitos a menudo deben regresar a los cuidados estatales, enfrentando una realidad en la que la protección no siempre está garantizada. La situación en Magallanes demanda una respuesta urgente y coordinada para prevenir que más menores caigan en redes de explotación sexual, un problema que sigue siendo una herida abierta en la región.
