En el Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich y otras autoridades entregaron un balance del primer año de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.
Según las cifras entregadas por el Poder Judicial, en estos 12 meses de implementación los Tribunales de Familia han ordenado el pago de más de 830 mil millones de pesos a quienes adeudan la pensión de alimentos, de los cuales ya se han cancelado más de 318 mil millones, mientras que el resto está en proceso de pago. Los montos señalados consideran los dos sistemas de retención que existen a través de esta ley; el mecanismo especial a través del cual se revisan las cuentas corrientes, de ahorro y fondos mutuos de los deudores y el mecanismo extraordinario, que consiste en una medida de última ratio en que se retienen los fondos de AFP de quien mantiene la deuda.
Al concretarse el pago de estos más de 800 mil millones de pesos, se verán beneficiadas más de 112 mil familias a través del mecanismo especial; y más de 72 mil a través del mecanismo extraordinario.
Por su parte la Seremi de la Mujer en Magallanes, Alejandra Ruiz Ovando señala qué: “Esta ley, diseñada para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, viene a poner fin a la evasión de responsabilidades (...) En Magallanes a marzo del 2024, ya se han realizado 719 cancelaciones.”
En tanto la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich señaló que “(...) si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente, sí educar en el respeto de los derechos fundamentales de todos nosotros”. A lo anterior agregó que es necesario recalcar que estos resultados no habrían sido posibles sin el enorme esfuerzo que están realizando las personas que trabajan en los tribunales con competencia en materia de familia.
Cabe destacar, además, que dentro de las medidas adoptadas y que van en esta misma dirección, se encuentran que desde el año pasado el Registro Social de Hogares que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, considera la deuda de pensión de alimentos como un factor de clasificación socioeconómica, lo que permite a los hogares que no están recibiendo la pensión de alimentos que corresponde, reportar esta situación para que se considere al momento de optar a los beneficios del Estado.
