En una jornada de trabajo llevada a cabo este martes, diversas instituciones se reunieron para abordar multidisciplinariamente la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región de Magallanes. Entre los participantes se encontraban el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y el programa Mi Abogado. El objetivo principal fue poner en marcha el "Plan de Protección Magallanes", destinado a facilitar la persecución efectiva y oportuna de este delito.
Erick Amigo, director regional del Servicio de Protección Especializada, destacó la importancia de abordar este problema desde una perspectiva integral, incluyendo la prevención y persecución penal. Señaló que la incidencia de este fenómeno en la región responde a factores territoriales específicos, por lo que es necesario generar una respuesta concreta como Estado.
Refiriéndose a acciones específicas que se están ejecutando en el territorio, Camila Fernández, directora ejecutiva de la Fiscalía Regional, precisó que “(...) además de la cantidad de casos que se dan en Magallanes, resulta preocupante que hayan personas que han sido víctimas de este ilícito en reiteradas ocasiones. Por ello, hemos creado un plan de persecución penal que trabajará de manera especializada el fenómeno, abordándolo también con perspectiva de género. Además del trabajo colaborativo que hagamos con el inter sector, es preciso hacer un llamado a que la comunidad se involucre, pues estamos ante un fenómeno social, cultural y político (...)".
María Francisca Barra, abogada de la Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial de la Defensoría de la Niñez, enfatizó la importancia de establecer un sistema de garantías y protección integral, que involucre tanto a las instituciones públicas como a los privados. Destacó la necesidad de trabajar en la prevención, reparación y persecución del delito, así como en la sensibilización de la comunidad.
