La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Punta Arenas dio inicio hoy, miércoles 9 de octubre, al análisis de 101 postulaciones al beneficio de libertad condicional para internos de centros privativos de libertad de la región. Este proceso se lleva a cabo conforme a los requisitos establecidos por la ley y se basa en un informe sicosocial elaborado por Gendarmería de Chile, que evalúa el comportamiento del penado y sus posibilidades de reinserción en la sociedad.
La instancia es presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, e integrada por los jueces penales Jaime Álvarez Astete, Constanza Sutter Lagarejos, Julio Álvarez Toro y Juan Villa Martínez. Las sesiones se desarrollarán desde hoy hasta el viernes 11 de octubre y tienen como objetivo analizar 75 postulaciones de internos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, 13 del Centro de Estudios y Trabajo de la capital regional, 4 del Centro de Detención Preventiva de Porvenir y 9 de Puerto Natales.
Durante las sesiones del miércoles 9 y jueves 10 de octubre, se revisarán 35 solicitudes por jornada, mientras que el viernes 11 se analizarán las 31 postulaciones restantes.
Desde los juzgados de garantía correspondientes, se ha informado a las víctimas de los delitos por los cuales los internos están postulando. Estas podrán presentar sus alegaciones, ya sea de forma personal o a través de sus representantes, ante la Comisión de Libertad Condicional. Además, la comisión está dispuesta a escuchar en audiencia a las víctimas o sus representantes si así lo solicitan, especialmente en casos donde la gravedad del delito o la reincidencia del postulante son aspectos relevantes.
El Decreto Ley 321 de 1925, modificado por la Ley 21627, que entró en vigencia en noviembre de 2023, establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional haber cumplido la mitad de la condena, o dos tercios en el caso de delitos graves; además de presentar una conducta intachable dentro del establecimiento penal y contar con un informe sicosocial que evalúe factores de riesgo de reincidencia y la conciencia del delito por parte del postulante.
