Un reciente informe emitido por la Contraloría General de la República reveló que trabajadores que manejaban las redes sociales personales del gobernador Jorge Flies durante la campaña electoral de 2024 eran remunerados con fondos públicos, lo que constituye una grave falta a la probidad.
De acuerdo al documento, se identificó que los profesionales a cargo de las redes sociales del entonces candidato —redes de carácter personal y no institucional— recibían pagos provenientes del Gobierno Regional de Magallanes, incurriendo en un posible uso indebido de recursos fiscales para fines particulares.
El exconsejero regional Alejandro Riquelme, quien presentó la denuncia el año pasado, señaló: “Hay una doble falta. Estos profesionales siguieron trabajando durante la campaña del gobernador, usando fondos que son de todos los chilenos. No se trataba de las redes institucionales del GORE Magallanes, sino de las redes personales de Jorge Flies, donde realizó campaña en 2021 y comenzó la de 2024”.
En contraste, el gobernador regional Jorge Flies sostuvo en declaraciones recientes que en el GORE “no existen faltas a la probidad”, atribuyendo los problemas detectados a “fallas administrativas”. “Tal como lo hemos señalado, pueden existir fallas administrativas, pero en ningún caso faltas a la probidad”, aseguró Flies.
Sin embargo, Riquelme insistió en que se trata de faltas graves a la probidad, apuntando a posibles delitos como malversación de caudales públicos, lo que fue respaldado por el propio informe de Contraloría, que derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. “Tan grave es lo detectado por Contraloría, que remitieron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía para que se investigue si hubo delito”, agregó Riquelme.
Además, uno de los casos actualmente en investigación desde agosto de 2023 es el de la Fundación Hernando de Magallanes, por eventuales irregularidades en convenios con el Gobierno Regional. Aunque inicialmente se habló de sobreprecios, según el excore, son al menos cinco los ítems bajo indagación. “La investigación está avanzada. Hay varios informes policiales en la carpeta y un funcionario de la Brigada de Delitos Económicos dedicado exclusivamente al caso”, detalló Riquelme.
El fiscal del Ministerio Público, Sebastián González, confirmó el avance del proceso investigativo, aunque evitó entregar detalles para no afectar el éxito de las diligencias pendientes. “Es una investigación bastante avanzada, con un sinnúmero de diligencias realizadas. Más allá de eso, no puedo referirme para asegurar el éxito del proceso”, indicó.
Los antecedentes conocidos refuerzan las alarmas sobre el manejo de recursos al interior del Gobierno Regional de Magallanes, con varios casos abiertos que podrían derivar en sanciones administrativas y judiciales.
