En mayo de este año, el gobierno del presidente Gabriel Boric ingresó un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto voluntario hasta las 14 semanas de gestación, sin necesidad de cumplir con las tres causales vigentes desde 2017. La iniciativa ha reactivado el debate sobre una de las temáticas más sensibles del país, con opiniones divididas tanto a nivel político como ciudadano.
Actualmente, la Ley 21.030, promulgada en septiembre de 2017, permite la interrupción del embarazo solo en tres causales:
- Riesgo vital de la madre,
- Inviabilidad fetal de carácter letal, y
- Embarazo producto de una violación.
En el caso de menores de 14 años, el plazo máximo para interrumpir el embarazo se extiende hasta las 14 semanas.
Según cifras oficiales, en Chile ocurren más de 40 mil abortos al año, muchos de ellos de forma clandestina. Entre 2012 y 2022, el Ministerio Público abrió 444 investigaciones por aborto, aunque el 10% correspondía a abortos espontáneos acreditados.
La fiscal Wendoline Acuña, del Ministerio Público, explicó que fuera de las causales legales, el aborto sigue siendo un delito sancionado por el Código Penal. "Todavía es una figura penalizada. Las sanciones varían dependiendo de si hubo dolo o negligencia. Puede alcanzar penas desde 61 días hasta 10 años de presidio", detalló.
Agregó además que, en Magallanes, los casos judicializados son escasos.
Por su parte, la fiscal Carla Uribe recordó que el artículo 119 del Código Sanitario solo permite la interrupción en las tres causales, y que fuera de ellas, cualquier intervención se considera ilegal.
El nuevo proyecto propone garantizar el aborto libre hasta las 14 semanas, el acceso a información clara, y la prestación médica en el plazo más breve posible. Sin embargo, la iniciativa fue ingresada a mitad del mandato de Boric, lo que ha levantado dudas sobre su viabilidad legislativa.
El diputado Carlos Bianchi fue claro en su análisis político: “Este proyecto no es más que un mensaje al Frente Amplio y al Partido Comunista. Es improbable que se discuta en lo que queda de gobierno. Tal vez se vea en una futura administración en 2026”, dijo.
En contraste, la diputada Javiera Morales (Frente Amplio) valoró el ingreso del proyecto como un paso importante: "El gobierno ha cumplido una promesa de campaña. Las mujeres no quedan embarazadas para abortar, y quienes lo hacen no deben ser tratadas como delincuentes. Este también es un tema de salud pública: más de 40 mil mujeres abortan clandestinamente cada año en Chile”, señaló.
En las calles de Punta Arenas, el debate también genera posiciones encontradas. Algunos habitantes respaldan la medida por razones sociales, económicas o de salud, mientras que otros se afirman en convicciones morales o religiosas. “Hay mujeres que no pueden mantener a sus hijos. A veces es mejor tomar una decisión difícil que traer niños a sufrir”, opinó una vecina.
“No estoy de acuerdo. Un niño es un acuerdo entre dos. No tiene la culpa de cómo llegó al mundo”, señaló otra habitante.
Por su parte, sectores religiosos han reiterado su postura provida, argumentando que “la vida es un don de Dios” y que solo Él puede decidir cuándo comienza y termina.
Pese a su ingreso, el proyecto aún no tiene fecha definida para su discusión en el Congreso, lo que deja en suspenso su futuro político. Lo cierto es que el tema volvió a instalarse en la agenda pública y probablemente será parte del debate electoral de cara a las presidenciales de 2026.
