Con el objetivo de resguardar los derechos y condiciones de vida de adolescentes y jóvenes que cumplen sanciones privativas de libertad, la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes (CISC-RPA) realizó su primera visita semestral del año 2025 en la región de Magallanes.
La instancia se constituyó en terreno en el Centro de Cumplimiento de Reinserción Juvenil de Río de los Ciervos, en Punta Arenas, administrado por el recientemente implementado Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
La actividad fue coordinada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, a través de su titular, Michelle Peutat Alvarado, quien explicó que la visita tuvo como fin verificar directamente la situación de los jóvenes privados de libertad y garantizar una atención adecuada bajo estándares de derechos humanos.
Durante el recorrido, se evaluaron las condiciones de ocho jóvenes infractores de ley:
- Tres sujetos a internación provisoria (IP)
- Dos en internación en régimen cerrado (IRC)
- Tres bajo medida de libertad asistida especial con internación parcial (LAE IP)
La seremi Michelle Peutat destacó el valor de esta supervisión, la primera realizada con la colaboración formal del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en la región. Subrayó la experticia de su equipo técnico y el enfoque basado en un modelo de intervención especializado, que sustenta esta nueva institucionalidad.
La visita también permitió revisar ámbitos fundamentales como alimentación, salud, educación, disciplina, infraestructura, tratamiento de adicciones, seguridad y el trato recibido por los adolescentes, con el propósito de emitir recomendaciones y verificar el cumplimiento de observaciones realizadas en procesos anteriores. “Esperamos seguir aportando en la protección de los derechos de las y los adolescentes y jóvenes, así como en la mejora de sus condiciones durante el encierro, siempre con respeto por su libertad y dignidad”, señaló Peutat.
La comisión estuvo conformada por representantes de:
- SEREMI de Justicia y Derechos Humanos
- Corte de Apelaciones de Punta Arenas
- Defensoría de la Niñez
- Ministerio Público
- Defensoría Penal Pública
- Corporación Opción
- Universidad de Magallanes
- Fundación Esperanza
- Servicio Local de Educación Pública (SLEP)
