El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la prisión preventiva a un hombre imputado por su participación en un violento robo con intimidación y amenazas ocurrido la madrugada del 1 de junio de 2025 en el centro de la ciudad.
De acuerdo a los antecedentes presentados por la Fiscalía, los hechos se iniciaron cuando el imputado abordó un taxi conducido por la víctima, un trabajador del transporte público. En la intersección de calle Magallanes con Errázuriz, el imputado se sentó en el asiento del copiloto y, tras extraer un cuchillo, intimidó al conductor, obligándolo a desplazarse por diversas calles bajo amenaza.
Posteriormente, el imputado obligó al chofer a dirigirse hasta el local comercial El Colonial, donde exigió la entrega del teléfono celular de la víctima y lo amenazó. Luego, forzó la reja del local para ingresar y sustraer diversas botellas de licor, las que almacenó en bolsas y cargó en el portamaletas del vehículo.
El recorrido culminó en un domicilio donde el imputado descargó las especies robadas y volvió a amenazar al conductor. El afectado logró huir y recuperar su teléfono celular, sin recibir pago alguno por los servicios realizados durante la madrugada.
El avalúo de las especies sustraídas, pertenecientes al local El Colonial, fue estimado en $1.900.000. Tras una orden judicial de entrada y registro al inmueble de calle Arturo Prat, la Brigada de Robos de la PDI recuperó parte del botín y el arma blanca utilizada, además de incautar otros artículos de perfumería presuntamente relacionados con otro ilícito.
En el vehículo de la víctima, también se encontraron tres teléfonos celulares de procedencia desconocida.
La Fiscalía formalizó al imputado por los delitos de:
- Robo en lugar no habitado (Art. 442 en relación al 432 del Código Penal),
- Amenazas (Art. 296 del Código Penal), y
- Extorsión (Art. 438 del Código Penal),
todos en grado consumado y con participación directa en calidad de autor.
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado como medida cautelar, fijando un plazo de 60 días para la investigación.
