Un grupo de individuos en la región de Magallanes, que fueron sometidos a Consejos de Guerra después del golpe militar de 1973, está apelando a los tribunales para anular las sentencias emitidas en su contra. Se han presentado recursos de revisión con el propósito de eliminar las sentencias y buscar justicia para las víctimas. En Punta Arenas, se llevaron a cabo seis juicios militares que involucraron a cerca de cien militantes o funcionarios del gobierno derrocado de Salvador Allende, resultando en condenas severas, incluso pena de muerte.
En el umbral de casi 50 años desde la instalación del primer tribunal militar "en tiempos de guerra", las sentencias están siendo anuladas por la Corte Suprema. En 2016, el tribunal anuló un fallo del Consejo de Guerra rol 1-1973, cumpliendo con una sentencia de la Corte Interamericana en el caso Omar Maldonado y otros con Chile.
Según el Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic, los Consejos de Guerra fueron una aberración que intentó legitimar crímenes. El abogado Pablo Bussenius, representante de la gruación en Derechos Humanos "Orlando Letelier", señaló que la legalidad de los Consejos de Guerra es dudosa, ya que las sentencias se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura.
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Uno de los afectados, Fernando Lanfranco, llevó a cabo un largo proceso legal para anular su sentencia, marcando un hito en la reparación de injusticias. Documentos firmados por veinte individuos juzgados por Consejos de Guerra serán presentados como recursos de revisión. La anulación de estas sentencias marca un acto de reparación y reconocimiento de la ilegalidad de los Consejos de Guerra.
