Una grave denuncia fue realizada por una pareja de guardadores en Punta Arenas, quienes acusan persecución y hostigamiento por parte del Programa Mi Abogado desde hace aproximadamente un año, situación que —aseguran— ha perjudicado tanto su estabilidad familiar como el bienestar del menor de cinco años que tienen bajo su cuidado desde que tenía apenas un año.
La pareja, que participa del Programa de Familias de Acogida Especializada (FAE), ha acogido a tres niños a lo largo de los años, siendo el más reciente un pequeño que ha crecido bajo su protección durante cuatro años. Según relatan, los problemas comenzaron luego de que intentaron viajar a Perú junto al niño, gestión que no prosperó debido a que no se completaron los trámites legales necesarios. Este episodio marcó el inicio de una serie de dificultades con una profesional del Programa Mi Abogado.
“Cuando intentamos viajar y llegamos a Santiago, en la PDI nos retuvieron. Fue un momento muy desagradable, como si estuviéramos raptando al niño. Llamamos al número de emergencia que nos dieron y nadie contestó. A nuestro regreso, esperamos tres meses para que la abogada visitara al niño, lo que no ocurrió. Luego de hacer un reclamo, comenzó una persecución en nuestra contra”, aseguró Pedro Soto, padre guardador.
Soto afirma que se les ha acusado injustamente de amenazas telefónicas y comportamientos inapropiados, lo cual —dice— responde a intentos por parte de la profesional involucrada para justificar su gestión. Este tipo de acusaciones no solo afecta a la pareja, sino también a su deseo de adoptar al menor, con quien han establecido fuertes lazos afectivos.
“Tenemos todos los respaldos que muestran que las acusaciones son falsas. Esta abogada ha recurrido a mentiras que nos perjudican. No solo a nosotros, sino al niño, que nos considera sus padres. Ya han pasado cuatro años, y ahora que mi esposa está embarazada, él espera a su hermanita. ¿Cómo le explicamos que lo quieren sacar de su casa, su comunidad, su colegio y su familia?”, agregó Soto.
Además, señalan que esta situación ha tenido consecuencias graves para la salud de la madre guardadora, quien cursa un embarazo de alto riesgo. Uno de los episodios más complejos ocurrió cuando fueron convocados a una visita en dependencias del programa, donde, relatan, se les impidió ingresar junto al niño y se les trató de manera violenta.
“Siempre habíamos entrado los tres. Esta vez nos dijeron que solo él podía entrar, y al intentar acompañarlo, cerraron la puerta con la mano. Luego inventaron que habíamos amenazado a seis funcionarios y llamaron a Carabineros. Eso es falso y se puede comprobar con las cámaras. Esto afectó mucho a mi esposa, que terminó hospitalizada por un alza de presión días después”, denunció el guardador.
Actualmente, la pareja cuenta con representación legal y ha interpuesto un recurso de protección y amparo en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, instancia que rechazó sus solicitudes. El caso fue elevado a la Corte Suprema, donde actualmente se encuentra en espera de resolución.
Desde la familia señalan que su único objetivo es proteger al niño y brindarle continuidad afectiva en el entorno que ha conocido durante la mayor parte de su vida.
