Más de 800 funcionarios del sector público marchan en Punta Arenas en defensa del empleo público y la estabilidad laboral

La manifestación, que tuvo lugar al mediodía, comenzó con una movilización desde las inmediaciones de la Plaza de Armas.

En el marco de la convocatoria a paro nacional realizada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Mesa del Sector Público, más de 800 funcionarios y funcionarias del sector público marcharon este jueves 28 de noviembre por las calles de Punta Arenas, exigiendo la defensa del empleo público y la estabilidad laboral.

La manifestación, que tuvo lugar al mediodía, comenzó con una movilización desde las inmediaciones de la Plaza de Armas, subiendo por la Avenida Cristóbal Colón, hasta llegar al sector donde se encuentra el denominado "árbol de Boric". Allí, los manifestantes expresaron sus demandas y su rechazo a la reciente resolución de la Contraloría General de la República sobre el concepto de "confianza legítima", lo que ha generado preocupación en el sector público, especialmente entre los funcionarios a contrata.

La ANEF Magallanes, junto con la CUT y otras organizaciones de la Mesa del Sector Público de la región, rechazaron el nuevo criterio de la Contraloría, que consideran pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores públicos a contrata. La dirigencia sindical manifestó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan estos empleados, quienes, según se espera, vivirán una jornada de inseguridad laboral el 29 de noviembre debido a esta normativa.

«Hemos sido firmes en rechazar el cambio en el principio de confianza legítima dictado por la contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, que pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de funcionarias y funcionarios públicos. Es un imperativo ético para esta dirigencia sindical desplegar las acciones necesarias para revertir esta situación», declaró la ANEF en un comunicado.

La movilización en Punta Arenas es parte de una serie de acciones a nivel nacional en defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector público y la estabilidad en sus empleos, en un contexto donde se considera que el cambio en la interpretación de la "confianza legítima" pone en peligro los contratos de miles de trabajadores en todo el país.

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