La Contraloría General de la República tomó razón del decreto que fija un nuevo reajuste al sueldo mínimo, el que se incrementará en dos etapas. El 1 de mayo de 2025 subirá a $529.000 y, a partir del 1 de enero de 2026, alcanzará los $539.000.
Este aumento fue promulgado a través de la Ley 21.751, impulsada por el Ministerio del Trabajo. Con esto, se completa un ciclo de alzas sostenidas durante el actual gobierno, que inició en 2022 con un salario mínimo de $350.000.
La diputada por Magallanes, Javiera Morales, valoró el reajuste y destacó su impacto real:
“Cuando llegamos el 2022, el sueldo mínimo era de $350.000 brutos. Ahora, con lo aprobado la semana pasada, terminaremos el gobierno con un sueldo mínimo de $539.000. La pregunta es si esto realmente representa un mayor poder adquisitivo. Nuestra respuesta es sí. Porque, a pesar de la inflación, el aumento real del sueldo mínimo es de un 20%”, señaló.
Sin embargo, desde la comunidad magallánica la percepción es distinta. Los altos costos de vida en zonas extremas vuelven a poner en discusión la necesidad de un sueldo mínimo diferenciado por región. “El sueldo mínimo está bien, pero debería ser más. Sobre todo acá en Magallanes, donde todo es más caro”, comentó una vecina.
“Yo llevo cuatro años viviendo en la región y el arriendo más barato cuesta $350.000 o $400.000. ¿Cómo puede vivir una familia con sueldo mínimo acá?”, cuestionó otro residente.
Vecinos también señalaron que el debate debe considerar la realidad de las pequeñas y medianas empresas: “No puede ser que una pyme tenga que pagar el mismo sueldo mínimo que una gran cadena. Debería haber una reglamentación según el tamaño o facturación de la empresa”, opinó un magallánico.
El nuevo reajuste también tendrá efecto en otros beneficios sociales, como el Subsidio Familiar, la Asignación Familiar y la Asignación Maternal, los cuales se ajustarán conforme al nuevo salario base.
Mientras el aumento busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, la discusión por un sueldo mínimo adaptado a realidades regionales sigue ganando fuerza, especialmente en territorios como Magallanes, donde el costo de la vida plantea desafíos particulares.
