El caso del uso irregular de licencias médicas que ha impactado a servicios públicos en todo el país también ha golpeado al Municipio de Punta Arenas y la Corporación Municipal (CORMUPA), que ya han iniciado sumarios administrativos internos para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.
Este miércoles, la alcaldesa protocolar Alicia Stipicic encabezó un concejo extraordinario donde se abordó la situación, tras recibir antecedentes sobre la posible participación de funcionarios municipales y de CORMUPA en esta práctica fraudulenta. “Se decretaron sumarios administrativos desde la alcaldía. Tendremos un fiscal interno que investigará a los funcionarios municipales, y CORMUPA hará lo mismo desde su área. Estos sumarios tienen una duración de veinte días hábiles”, informó Stipicic.
Pese a la importancia del tema, llamó la atención la ausencia de algunos concejales en la sesión. “Tuvimos la participación de abogados de la CORMUPA y del municipio, quienes respondieron las inquietudes planteadas. Es importante demostrar a la comunidad que podrían configurarse delitos y responsabilidades penales”, agregó la alcaldesa protocolar.
Por su parte, Claudia Casas, asesora judicial del municipio, explicó que se recibió un listado con 32 RUT (tras depurar repeticiones), pero sin nombres ni identificación específica. “La información es confidencial. Se dictó el sumario administrativo y los antecedentes fueron entregados al fiscal”, indicó.
Casas también precisó que el uso indebido de licencias médicas podría configurar un delito penal, pero es competencia del Ministerio Público determinar si se configura una infracción legal. “Existe una ley específica que tipifica como delito el mal uso de licencias médicas. Nosotros abordamos las sanciones administrativas, pero mañana (miércoles) nos reuniremos con el fiscal regional para conocer el curso de la investigación a nivel nacional”, explicó la asesora.
Además, descartó que haya funcionarios que hayan renunciado para eludir el proceso interno: “Ningún funcionario ha renunciado previo al decreto del sumario, por lo tanto, no pueden evitar la inhabilidad para ejercer cargos públicos si se determina una falta grave”.
En tanto, Claudio Oyarzo, presidente de la Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos del municipio, pidió prudencia y advirtió que aún no hay certeza de que se esté ante un delito. “Es un hecho en desarrollo. No se ha confirmado que haya un delito. Eso lo deben determinar los tribunales”, sostuvo.
Sin embargo, sus declaraciones contrastan con las entregadas previamente por la alcaldesa protocolar y la asesora jurídica, quienes sí han planteado la posibilidad de responsabilidad penal.
En paralelo, se confirmó la renuncia de Mauricio Tapia, jefe de gabinete de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, quien fue formalizado en 2017 por falsificación de título profesional. Actualmente, había sido cuestionado por viajar a Río Gallegos mientras se encontraba con licencia médica.
