El Delegado Presidencial (s) de Magallanes, Andro Mimica, abordó este miércoles la situación regional relacionada con las investigaciones en curso por el uso irregular de licencias médicas, un tema que ha generado amplio revuelo a nivel nacional y local.
Según informó la autoridad, existen cerca de 6.000 casos identificados en la región, distribuidos entre municipios, el Gobierno Regional y servicios públicos de la administración central. Sin embargo, precisó que no es posible consolidar aún una cifra exacta de sumarios instruidos, ya que en algunos ministerios los procesos investigativos se están realizando desde el nivel central, mientras que otros lo hacen a nivel regional.
“Hay ministerios donde los sumarios son centralizados, como la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social, y otros en que los procedimientos se llevan en las regiones”, explicó Mimica.
Consultado sobre la renuncia del exjefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social en Magallanes, Mimica confirmó que esta se produjo luego de la instrucción del sumario correspondiente, en línea con el criterio fijado por el Presidente Gabriel Boric para autoridades de confianza implicadas en irregularidades. “El Presidente fue claro: si se detecta alguna anomalía, primero se instruye el sumario y luego se concreta la salida del cargo. En este caso, así se actuó”, afirmó el delegado.
LEE TAMBIÉN Mauricio Tapia renuncia tras sumario por uso indebido de licencia médica
Hasta el momento, no se han reportado otros casos de autoridades de confianza bajo investigación en la región, aunque Mimica advirtió que la situación “podría cambiar conforme avancen las investigaciones”.
Respecto a las renuncias previas a la apertura de un sumario, Mimica advirtió que esta situación permite a algunos exfuncionarios eludir la responsabilidad administrativa, lo que podría facilitar un eventual reingreso al aparato público en el futuro. “Por eso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, instruyó que los sumarios deben iniciarse en un máximo de 72 horas. La idea es evitar que quienes hayan incurrido en estas prácticas puedan regresar al Estado sin que se determine si cometieron o no una falta”, subrayó.
El delegado también señaló que muchos de los casos detectados datan desde 2021 en adelante, y que varios de los involucrados ya no se encuentran trabajando en el sector público, ya sea por renuncia voluntaria o retiro.
