Ley Karin: Magallanes se prepara para la nueva legislación contra el acoso laboral

Ley que entrará en vigor el 01 de agosto.

La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Magallanes ha intensificado sus esfuerzos para informar y capacitar a diversas entidades públicas sobre la Ley 21.643, conocida como Ley Karin, que entrará en vigor el 1 de agosto. Esta ley modifica el Código del Trabajo y establece un marco legal claro para la prevención, investigación y sanción del acoso laboral.

Cristina Astudillo Soto, Abogada Jefe de la Oficina de Defensa Laboral (ODL) de Magallanes, ha sido una de las caras visibles en la difusión de esta norma. La CAJ ha capacitado a personal de la Delegación Presidencial de la Provincia Antártica, el Hospital Clínico de Magallanes, el Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, y otros servicios públicos. Según Astudillo, la ley no solo pretende manejar denuncias, sino también fomentar la prevención y concienciar sobre la problemática del acoso laboral.

La Ley Karin, nombrada en memoria de Karin Salgado, técnica en enfermería fallecida en 2019 tras ser víctima de acoso laboral, representa un avance significativo en la legislación chilena sobre derechos laborales. La ley introduce nuevos procedimientos para la investigación de denuncias, donde las víctimas tendrán un papel más activo y podrán acompañar pruebas y estar al tanto de las investigaciones.

En cuanto a las sanciones, la ley permite la desvinculación de aquellos que sean culpables de acoso laboral o sexual, tanto en el sector público como en el privado, y contempla medidas correctivas y sanciones adicionales. Esta legislación está alineada con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con otras leyes de protección laboral en Chile.

A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor, la Contraloría General de la República y la Dirección del Trabajo han emitido instructivos y circulares para aclarar y orientar sobre la implementación de la ley. Se anticipa que podría haber fiscalizaciones preliminares para asegurar su correcta aplicación, similar a las realizadas con la Ley de las 40 horas.

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