Se cumplen seis años desde la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la región, durante los cuales se han registrado un total de 57 casos de interrupciones de gestación. Las principales causas que han motivado estas interrupciones son el riesgo de vida de la madre y malformaciones fetales incompatibles con la vida.
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En 2017, se promulgó esta ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto para sobrevivir fuera del útero y embarazo por violación. A lo largo de estos seis años, se han realizado un total de 7,000 partos aproximadamente en la región.
El proceso de IVE no es sencillo y, por lo tanto, se ofrece apoyo psicológico a las mujeres que cumplen con alguna de las causales. A pesar de la disponibilidad de la IVE, un 10% a 15% de las mujeres que cumplen con alguna causal en la región han decidido no llevar a cabo la interrupción.
Actualmente, en el proceso de redacción de la nueva Constitución, se aprobó una indicación de ley que establece "proteger la vida de quien está por nacer", lo que podría plantear desafíos para la ley de IVE en el futuro.
