El arriendo de parcelas, conocido como “parcelazos”, ha emergido como uno de los métodos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) en la Región de Magallanes. Según el senador independiente Karim Bianchi, este fenómeno implica fiestas clandestinas en terrenos arrendados donde menores de edad, muchas veces bajo protección del Estado, son ofrecidos a cambio de dinero o drogas para encuentros sexuales. Este tipo de explotación ha puesto a Magallanes en el centro de la controversia por convertirse en un foco de prostitución infantil y juvenil.
El senador Bianchi, junto con la Defensoría de la Niñez y la Fiscalía Regional, ha destacado la gravedad de estos delitos, subrayando que las víctimas, en su mayoría, son niñas que están bajo la protección del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia (Mejor Niñez). Según Bianchi, las menores, algunas de tan solo 8 años, son frecuentemente víctimas de estos delitos y el sistema de protección ha mostrado deficiencias, con alta reincidencia y dificultades para mantener a los menores en un entorno seguro.
Aparte de los “parcelazos”, se ha identificado otro patrón preocupante conocido como “motelazos”, donde adultos contactan a menores a través de aplicaciones de citas como “Grindr” para encuentros sexuales en moteles o locales nocturnos, ofreciendo dinero, drogas y tratamientos de belleza. Estos encuentros son difíciles de identificar debido a la falta de controles de identificación en muchos de estos establecimientos.
Bianchi ha propuesto que los recintos nocturnos exijan identificación, aunque esta propuesta aún no ha sido implementada. Esta situación refleja un problema a nivel nacional, con 2.184 casos de explotación sexual infantil reportados entre 2022 y 2023, según la Defensoría de la Niñez. Magallanes, en particular, presenta la mayor tasa de incidencia con 294 víctimas por cada 100 mil habitantes, destacándose especialmente Punta Arenas, que tiene una alta cantidad de denuncias en comparación con ciudades de mayor tamaño como Santiago.
La Delegación Presidencial de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena confirma que, aunque la explotación sexual infantil no es el delito más común, es uno de los más graves en términos de volumen y severidad. El Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto, ha indicado que el Ministerio Público está investigando activamente estos casos, con 44 causas vigentes que involucran a menores institucionalizadas y 6 imputados actualmente en prisión preventiva.
