Este 1 de septiembre entró en vigor la Ley 21.595, conocida como la Ley de Delitos Económicos, que marca un antes y un después en el marco legal que regula la criminalidad económica y ambiental en Chile. La normativa fue promulgada en agosto de 2023 y tiene como objetivo actualizar y fortalecer las medidas contra delitos económicos, ampliando la responsabilidad penal de las empresas y endureciendo las sanciones.
Para conocer más sobre las implicancias de esta nueva ley, conversamos con Nicolás García, abogado y socio del área corporativa y compliance de García Parot, certificado en cumplimiento normativo de la International Compliance Association y profesor de Derecho de la Empresa en la Universidad del Desarrollo. García explicó que "esta normativa no solo impacta a las grandes empresas, sino también a las Pymes, que deberán adaptarse y fortalecer sus modelos de prevención y cumplimiento normativo".
La nueva ley amplía significativamente la responsabilidad penal de las empresas, las cuales deberán responder por más de 200 delitos, entre los que se encuentran corrupción, fraude, y daños ambientales. Esto implica que no solo las personas físicas podrán ser sancionadas, sino que las empresas como entes jurídicos también serán responsables. Según Nicolás García, "esto es un cambio profundo, ya que introduce sanciones directas a las empresas, lo que obliga a reforzar los mecanismos de compliance para prevenir la comisión de estos delitos".
Una de las principales novedades de la ley es que ejecutivos y directivos que se vean involucrados en delitos económicos podrán enfrentar penas de cárcel. Además, las empresas que no cuenten con adecuados sistemas de prevención y que se vean involucradas en algún ilícito podrán recibir multas significativas.
"El cumplimiento normativo será fundamental", destaca García. "Las empresas de todos los tamaños, incluidas las Pymes, deberán implementar sistemas de prevención efectivos que permitan detectar y evitar la comisión de estos delitos. La ley no hace distinciones basadas en el tamaño de la organización, por lo que todas están obligadas a cumplir con estas nuevas exigencias".
La entrada en vigencia de esta ley también representa un desafío para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que, a diferencia de las grandes compañías, muchas veces no cuentan con departamentos dedicados exclusivamente al cumplimiento normativo. Sin embargo, como explica Nicolás García, "la ley afecta a todas las empresas por igual, por lo que es imperativo que las Pymes busquen asesoría y recursos para implementar sistemas de cumplimiento que sean efectivos y acordes a su tamaño y capacidad".
En este contexto, la prevención es clave. La implementación de modelos de cumplimiento normativo efectivos no solo ayudará a las empresas a evitar sanciones, sino que también servirá para crear una cultura empresarial más ética y transparente.
La Ley de Delitos Económicos representa un paso importante en la modernización del marco regulatorio chileno, alineándose con estándares internacionales y dotando al país de herramientas más eficaces para combatir la criminalidad económica y los delitos ambientales.
