Continúan apareciendo nuevos antecedentes tras la denuncia realizada por la Contraloría General de la República (CGR) respecto al uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. La investigación —que abarca los años 2023 y 2024— identificó a más de 25 mil trabajadores que habrían utilizado estos permisos médicos para ausentarse de sus labores mientras viajaban fuera del país.
A nivel nacional, se contabilizaron 777 servicios públicos involucrados, los que suman más de 35 mil licencias médicas irregulares. En conjunto, estos trabajadores habrían entrado o salido del país en 59.575 ocasiones durante sus periodos de reposo, según lo informado por el ente fiscalizador.
En la Región de Magallanes, las cifras son igualmente preocupantes. El listado dado a conocer por la Contraloría detalla que 15 entidades públicas de la región se encuentran involucradas, sumando un total de 1292 licencias médicas irregulares.
Tras conocerse los casos de Cormunat y Cormupa, las instituciones de Magallanes con mayor número de casos son:
- Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes: 227 licencias
- Municipalidad de Torres del Paine: 80
- Municipalidad de Natales: 68
- Municipalidad de Punta Arenas: 39
- Municipalidad de Porvenir: 33
- Municipalidad de Primavera: 22
- Municipalidad de Laguna Blanca: 14
- Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena: 11
- Municipalidad de Cabo de Hornos: 11
- Municipalidad de Timaukel: 11
- Servicio de Salud Magallanes: 6
- Municipalidad de Río Verde: 5
- Municipalidad de San Gregorio: 4
Desde la Contraloría recalcaron que el uso de licencias médicas con fines distintos a la recuperación de la salud constituye una falta grave, por lo que se anunció la continuación de las investigaciones administrativas y la posibilidad de acciones judiciales en casos que constituyan fraude al fisco.
Además, entre las entidades con mayor cantidad de casos a nivel nacional destacan el Servicio Agrícola y Ganadero (193 casos), la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo (191), y Metro S.A. (188), así como varios hospitales y municipios, incluyendo a Curicó, Villarrica, Alto Hospicio, Futaleufú, Ovalle, Iquique, Valdivia y Lo Espejo, todos con más de 150 casos registrados.
La denuncia sigue generando reacciones en todo el país, mientras la Fiscalía Nacional ya abrió una investigación para establecer responsabilidades penales. La Contraloría, por su parte, indicó que seguirá revisando antecedentes y fiscalizando este tipo de prácticas que afectan gravemente al sistema de salud y a la función pública.
El impacto económico de este fraude a nivel nacional ha sido significativo: el Estado de Chile gastó aproximadamente 350 millones de dólares en 2024 en suplencias para cubrir a los trabajadores con licencias médicas fraudulentas. De las 35.585 licencias médicas detectadas, un 69% fueron otorgadas por Fonasa y un 31% por distintas isapres.
