Por: Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República destapó una grave irregularidad: más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. El dato ha generado indignación y pone en evidencia una práctica extendida que afecta gravemente la confianza en el sistema de salud chileno.
Rodrigo Varela, gerente legal de ALTO Inmune, advierte que esta situación no es un hecho aislado, sino un síntoma de una falla estructural que lleva años sin abordarse con la urgencia que requiere. Según Varela, el uso fraudulento de licencias médicas representa un costo anual de más de 600 millones de dólares, además de dañar la fe pública, disminuir la productividad y perjudicar a quienes hacen un uso legítimo de este recurso.
Las cifras son contundentes. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en la última década las licencias médicas aumentaron un 131%, mientras que aquellas por trastornos mentales crecieron un 442%.
Por su parte, estudios de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y de las Cajas de Compensación revelan un fenómeno aún más alarmante:
- Un 55% de los chilenos cree que hay abuso en el sistema.
- Un 52,4% dice conocer a alguien que ha solicitado una licencia falsa.
- Un 41,4% asegura conocer a un médico que emite licencias sin justificación real.
- Además, un 48,6% considera aceptable pedir una licencia médica por agotamiento, lo que muestra una normalización del uso indebido del sistema.
ALTO Inmune, que lleva más de 15 años trabajando en la detección y prevención de fraudes en el sistema de salud, ha identificado patrones que deberían encender las alarmas. Mientras que un profesional de la salud emite en promedio 37 licencias médicas al año, un 4% de los médicos entrega más de 597 licencias, y un 0,4% supera las 2.000. Más aún, existe un grupo conocido como “Grandes Emisores”, que extiende más de 5.000 licencias al año, con un promedio de 1,5 licencias por hora. La mayoría de estos casos corresponden a trastornos mentales y ninguno de estos médicos tiene la especialidad de psiquiatría.
También se ha detectado que el uso de licencias varía según nivel de ingresos: quienes ganan sobre el tope imponible utilizan en promedio 1,14 días de licencia al año, mientras que quienes están por debajo de ese tope usan 2,9 días anuales. Esto evidencia que el sistema es más propenso al abuso en ciertos segmentos de la población.
Desde ALTO Inmune señalan que es hora de pasar del diagnóstico a la acción. “Ya no basta con indignarse, es hora de actuar”, remarca Rodrigo Varela, quien afirma que ya están trabajando con instituciones de salud privada para identificar y presentar acciones penales y administrativas contra médicos, beneficiarios o administrativos que participen en este tipo de fraude.
El llamado es claro: Chile no puede seguir perdiendo recursos, confianza ni tiempo frente a un abuso que no solo genera pérdidas millonarias, sino que pone en riesgo la credibilidad del sistema de salud y la protección de quienes realmente necesitan una licencia médica.
