La Multigremial de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación expresa su total rechazo al nuevo proyecto de ley presentado por el gobierno, el cual supuestamente busca mejorar la implementación de los Servicios Locales de Educación. Sin embargo, desde Magallanes se esperaba que este proyecto abordara los problemas fundamentales que afectan a la Educación Pública en Chile, pero lamentablemente no se plantea ninguna solución.
En primer lugar, el proyecto no aborda los graves problemas de financiamiento que están afectando a la Educación Pública en el país, lo cual pone en riesgo su supervivencia. Además, se sigue manteniendo el método de financiamiento basado en la asistencia de alumnos, una herencia del modelo subsidiario en la educación, donde el Estado no asume su responsabilidad con el futuro de los estudiantes.
En segundo lugar, el proyecto afecta seriamente los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras asistentes de la educación al eliminar la referencia a la ley 19.464, que garantiza, entre otras cosas, el derecho a la negociación colectiva para este estamento. Estos derechos laborales han sido conquistados a lo largo de años de lucha y han beneficiado a miles de trabajadores asistentes de la educación en la mejora de sus condiciones laborales.
En tercer lugar, el proyecto no considera la situación de los miles de trabajadores que han sido desvinculados en todo el país debido a los cambios en la administración del sistema de educación pública. Esto va en contra de las políticas de transición justa que se implementan en otros países y que están respaldadas por tratados internacionales firmados por Chile.
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En cuarto lugar, el proyecto no aborda de manera profunda ni mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje que nuestro país necesita para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Además, no se considera la opinión de los docentes en este ámbito, convirtiendo el cambio en un proceso meramente administrativo y manteniendo la lógica de los sostenedores que tanto daño ha causado a la Educación Pública chilena.
Ante esta nueva decepción en materia de políticas públicas educativas, las trabajadoras y trabajadores de la educación se declaran en estado de alerta y tomarán todas las acciones legítimas necesarias para defender la Educación Pública en la región.
