La Defensoría Penal Pública ha expresado su inquietud ante el aumento de medidas cautelares de prisión preventiva en la Región de Magallanes, situación que ha llevado al centro penitenciario de Punta Arenas a operar al borde del hacinamiento. Este panorama genera preocupación por sus implicancias en el sistema judicial y penitenciario local.
Durante 2024, la región ha registrado un incremento en los controles de detención relacionados con delitos graves como tráfico de drogas, robos con intimidación, violaciones, femicidios frustrados y homicidios. En muchos de estos casos, los imputados han sido sometidos a la medida cautelar más restrictiva que contempla la ley: la prisión preventiva. Aunque no se dispone de cifras exactas, las autoridades y defensores han advertido un aumento significativo en el uso de esta medida.
La situación plantea interrogantes sobre las causas del aumento en las prisiones preventivas: ¿se debe al endurecimiento de las leyes, un trabajo insuficiente en la defensa, o mayor severidad en las solicitudes de la fiscalía? Cada uno de estos factores puede influir en la tendencia, complicando la gestión del sistema penitenciario.
Además, el alto porcentaje de imputados privados de libertad pone en relieve un desafío adicional: el actual paro de Gendarmería, que ha afectado el traslado de reos desde los recintos penitenciarios. Esta movilización complica la ejecución de medidas judiciales, agravando la presión sobre un sistema ya tensionado.
El hacinamiento en la Cárcel de Punta Arenas tiene efectos negativos tanto para los internos como para los funcionarios. La falta de espacio y recursos adecuados para albergar a un número creciente de detenidos repercute en las condiciones de vida dentro del recinto, mientras que la sobrecarga laboral incrementa los riesgos para el personal de Gendarmería.
Aunque el foco actual está en Punta Arenas, este fenómeno no es exclusivo de Magallanes. El aumento de prisión preventiva y la crisis en los recintos penitenciarios son reflejo de problemas estructurales que afectan a distintas partes de Chile, requiriendo atención urgente de las autoridades y coordinación interinstitucional para encontrar soluciones.
La Defensoría Penal Pública ha hecho un llamado a abordar esta problemática con un enfoque integral, equilibrando la protección de la sociedad con el respeto a los derechos de los imputados, mientras se busca aliviar la sobrepoblación carcelaria y garantizar el funcionamiento eficiente del sistema judicial.
