Hasta las oficinas del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes llegaron tres representantes de un grupo de 800 apoderados de establecimientos públicos para entregar una carta en la que exigen a las autoridades adoptar medidas urgentes para garantizar la reanudación de las clases.
Daniela Geraldo, vocera del grupo y apoderada de la Escuela Elba Ojeda Gómez, explicó que no pertenecen a directivas de centros de padres, pero decidieron coordinarse ante la preocupación generalizada por la falta de clases.
“Tengo tres hijos en la educación y queremos que vuelvan a sus establecimientos. No estamos negociando ni en contra de nadie, solo queremos abordar la falta de educación de nuestros hijos”, señaló. Además, cuestionó que los docentes continúan recibiendo sus sueldos y bonos, pese a la paralización, indicando que el conflicto es por mejoras salariales, pero "los estudiantes no pueden pagar las consecuencias de malas negociaciones".
Los apoderados fueron recibidos por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés, quien confirmó que desde el traspaso en 2024 se han pagado íntegramente sueldos, asignaciones, bonos y cotizaciones previsionales a los docentes, algo que no ocurría con los sostenedores anteriores.
Asimismo, Valdés reconoció el impacto negativo de la paralización, señalando que no solo ha afectado los aprendizajes, sino también servicios esenciales de los establecimientos.
En la carta entregada al SLEP, los apoderados expresan su inquietud por:
🔹 Pérdida de aprendizajes y el retraso educativo de los estudiantes.
🔹 Falta de atención para niños con necesidades educativas especiales y aquellos en situación de riesgo social.
🔹 La posible deserción escolar derivada de la interrupción prolongada de clases.
“Nos preocupa profundamente el impacto que esta paralización está generando, especialmente en los estudiantes de colegios especiales y con necesidades educativas diferenciadas, quienes necesitan continuidad en su enseñanza para evitar retrocesos significativos”, señala la misiva.
El documento enfatiza que la educación es un derecho garantizado, y que los docentes, como parte del sistema, tienen el deber de cumplir con sus responsabilidades en beneficio de los estudiantes.
Finalmente, los apoderados advirtieron que si la situación no se resuelve pronto, las consecuencias serán irreparables. “No podemos seguir permitiendo que sean los niños, niñas y adolescentes quienes paguen las consecuencias de conflictos ajenos a su responsabilidad”, concluye la carta.
