Este 20 de noviembre comienza a nivel nacional la Consulta Indígena impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente, un proceso destinado a recoger las voces, experiencias y conocimientos de los pueblos indígenas respecto a la gestión de áreas protegidas y sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad.
La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó la importancia de esta iniciativa: “Queremos recoger la voz, las experiencias, los saberes de los pueblos indígenas que ancestralmente han convivido en medio de territorios y áreas de conservación. Su opinión es vital a la hora de definir estos reglamentos que regularán, por ejemplo, la creación o desafectación de áreas protegidas por el Estado”.
El diálogo tiene como propósito lograr acuerdos o consentimientos respecto a medidas legislativas y administrativas derivadas de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Este cuerpo legal establece la necesidad de reglamentar la gestión de áreas protegidas y sitios prioritarios, incluyendo aspectos relacionados con la preservación de la biodiversidad en territorios utilizados ancestralmente por comunidades indígenas.
El Ministerio ha organizado cerca de 100 encuentros en diversas localidades de Chile, donde las comunidades indígenas tendrán la oportunidad de dialogar sobre las medidas propuestas.
En la Región de Magallanes, el Seremi de Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro, invitó a los representantes de los pueblos indígenas de la región a participar en esta importante instancia. El primer encuentro regional se llevará a cabo el 21 de noviembre a las 18:00 horas, en el Salón Gabriela Mistral, ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1259, Punta Arenas.
Chile cuenta con 245 áreas protegidas que abarcan 167 millones de hectáreas, representando un 22% del territorio nacional continental e insular, y un 44% de la Zona Económica Exclusiva en el ámbito marino. Estas áreas son fundamentales para la preservación de ecosistemas únicos y la mitigación del cambio climático.
El texto que resulte de este proceso de consulta será integrado a los reglamentos correspondientes, que posteriormente pasarán al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y a la Contraloría General de la República para su revisión legal.
