El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó su preocupación por la falta de promoción de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ por parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Comparando su primer año de gestión con el mismo período del ex presidente Eduardo Frei, el Movilh señaló que el actual gobierno cuenta con un contexto favorable para impulsar transformaciones en este ámbito, a diferencia de la época de Frei, marcada por la homo/transfobia generalizada.
Durante el año 2022, se registraron 1.046 violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTIQANB+, incluyendo asesinatos, agresiones físicas y verbales, discriminación laboral y educativa, campañas homo/transfóbicas, discriminación institucional, ataques en espacios públicos o privados, agresiones comunitarias y discursos de odio. Las denuncias aumentaron en varias categorías, destacando los casos ocurridos en el sistema educativo, los asesinatos y las campañas homo/transfóbicas.
Balance del primer año del Gobierno de Boric
A pesar de las señales y discursos pro LGBTIQ+ de Boric durante su campaña electoral, el informe señala que su primer año de gobierno registró pocos avances en comparación con administraciones anteriores. El presidente electo reconoció en su discurso que las disidencias y diversidades han sido largamente discriminadas y que serían protagonistas de su gobierno.
En el ámbito legislativo, el gobierno se mantuvo al margen de importantes triunfos legislativos pro derechos LGBTIQ+ ocurridos durante el último año, como la derogación del artículo 365 del Código Penal y la creación del Día Nacional de la Diversidad. Además, no se dio suma urgencia a la reforma a la Ley Zamudio ni se patrocinó la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria, a pesar de las demandas de la sociedad civil.
El informe también destaca la implementación cuestionada de la Ley de Matrimonio Igualitario, las persistentes denuncias de torturas en Gendarmería contra internos/as LGBTIQANB+ y el uso del artículo 373 del Código Penal por parte del gobierno para presentar querellas, a pesar de los compromisos internacionales de derogar esa norma.
