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viernes, 12/07/24

Consultora que ejecutaba programas del FOSIS es acusada de irregularidades y millonaria deuda

Las consecuencias de estas irregularidades implican alrededor de 100 millones de pesos en remanentes.

Durante la ejecución de programas para el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), la Consultora CPM, representada legalmente por Carlos Perey Maturana, enfrentó serias irregularidades que han afectado la normalidad de sus operaciones. Profesionales que trabajaban para la consultora alertaron sobre cambios inusuales en las claves de las cuentas bancarias de la coordinadora de proyectos, revelando así una serie de incumplimientos relacionados con el pago de remuneraciones a talleristas y otras obligaciones laborales.

Felipe Jeria Palma, director regional del Fosis, enfatizó que estas irregularidades también implicaron el mal uso de recursos destinados a programas sociales y la falta de capacidad financiera para cumplir con las obligaciones contractuales. "Esto nos desnuda la realidad de que se había hecho mal uso de los recursos asociados a distintos programas de nuestro servicio para inversiones privadas y que no tenía los capitales para cumplir con los programas ni con las prestaciones de servicios civiles a los talleristas", señaló Jeria Palma.

Ante esta situación, se implementó un plan de acción para revertir gradualmente las irregularidades que impactaron en la ejecución de los programas del Fosis. Además, se decidió dar término anticipado a los convenios con la consultora, acción que se ha completado hoy. Paralelamente, se activaron las garantías con las empresas avalistas o aseguradoras con las que trabajaba la consultora, lo que implica la restitución de recursos a la Tesorería General de la República.

"Una vez recabados todos los antecedentes, serán remitidos al nivel central del Fosis para que el área jurídica del servicio disponga las acciones correspondientes en derecho, que podrían incluir querellas", afirmó Jeria Palma.

Las consecuencias de estas irregularidades implican alrededor de 100 millones de pesos en remanentes, cifra que motivó la terminación anticipada de contratos, la ejecución de garantías y la recopilación de todos los antecedentes para futuras acciones legales, si fuera necesario, ante el Ministerio Público.

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