La discriminación sigue siendo una de las principales barreras en el acceso a la justicia para personas de grupos vulnerables, limitando sus posibilidades de hacer valer sus derechos. Un caso emblemático de este tipo de discriminación ocurrió hace nueve años en Punta Arenas, cuando a una persona con discapacidad le fue negada la renovación de su licencia de conducir en la Dirección de Tránsito del municipio. Este incidente derivó en una sentencia favorable para el demandante, gracias al apoyo del Convenio CAJ-Senadis, una iniciativa de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) que, desde hace más de una década, brinda asesoría y defensa a personas con discapacidad.
El Convenio CAJ-Senadis, implementado por la CAJ en colaboración con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), está vigente en Magallanes y en todo Chile. Este convenio permite a la CAJ –dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– disponer de una abogada con dedicación exclusiva para atender a personas con discapacidad en Punta Arenas y otras localidades de la región, lo que facilita el acceso a la justicia en casos de discriminación y vulneración de derechos.
El director regional de la CAJ, Alejandro Donatti, destaca que el propósito del convenio no es ofrecer atención exclusiva a personas con discapacidad, ya que dicha atención está disponible en todas las unidades de la CAJ. "El convenio busca, en cambio, asegurar el acceso a representación jurídica y asesoría legal para quienes han experimentado discriminación en razón de su discapacidad," aclara Donatti.
Desde agosto de 2023, la abogada Carla Aedo Arancibia ha sido la profesional encargada de ejecutar el convenio en la región. Ella subraya la importancia de empatizar y no ver a las personas con discapacidad como "algo ajeno". Aedo ha gestionado casos de discriminación en ámbitos como la educación, en los que no se han realizado ajustes razonables para estudiantes con trastorno del espectro autista, además de atender situaciones de vulneración hacia personas con diagnósticos de esclerosis múltiple y fibromialgia, entre otros.
Michelle Peutat Alvarado, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, enfatiza la obligación del Estado chileno de garantizar el acceso a servicios jurídicos gratuitos para quienes no pueden pagar un abogado. "Esto evita la vulneración de derechos y subraya la importancia de la no discriminación como eje fundamental en la cultura de respeto y garantía de los derechos humanos," afirma Peutat.
