Estudiante de 14 años de Punta Arenas se intentó suicidar tras recibir bullying en su escuela

La madre del menor pidió ayuda a la institución educativa y le respondieron que era responsabilidad suya por no medicar a su hijo.

Un grave caso de bullying habría ocurrido en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas que ha sacudido a la comunidad, después de que un estudiante de 14 años intentara suicidarse debido, presuntamente, al acoso constante por parte de sus compañeros. Según el relato de su madre, quien ha preferido mantener su identidad en el anonimato, el acoso comenzó en sexto básico y fue escalando en gravedad hasta que se tornó insostenible para el menor.

Ocho niños habrían sido señalados como responsables de las agresiones físicas y cibernéticas. En varias ocasiones, estos menores encerraron al estudiante en el patio de la escuela para golpearlo, y también lo amenazaron reiteradamente. A los ataques físicos se sumaron los cibernéticos, que, según relatan, incluían amenazas y acoso en línea, lo que llevó al menor a una profunda desesperación que culminó en un intento de suicidio. Actualmente, el joven se encuentra bajo atención psicológica.

La madre del menor cuenta que, en su momento, pidió a la escuela que activara los protocolos de protección para su hijo, pero la institución se negó, argumentando que la culpa recaía en la familia por no medicar al niño. Ante la falta de respuesta de la escuela, la madre decidió cambiar a su hijo de colegio, pero el acoso no cesó. Los mismos agresores comenzaron a hostigar a la madre, realizando grafitis en su contra, y presuntamente, exponiendo sus cuentas personales y vinculándolas con material de connotación sexual. Además, filtraron fotos de su casa, el número de teléfono de su hijo y lanzaron acusaciones falsas contra su otra hija de solo 7 años.

La madre habría acudido a la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar el acoso que sufría su hijo, pero se encontró con que, debido a que los agresores eran menores de edad, las autoridades le informaron que no podían tomar medidas inmediatas. La PDI le tomó declaración, pero le advirtieron que la investigación podría tardar más de seis meses, lo que ha dejado a la familia en una situación de gran vulnerabilidad.

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